La Cámara de Diputados de la Nación aprobó con 162 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención un proyecto de ley que endurece las penas por delitos de vandalismo rural. La iniciativa, impulsada por el PRO y respaldada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), busca penalizar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y agravar las sanciones por daños a la producción agropecuaria.
El proyecto modifica el Código Penal con dos artículos clave. El primero (artículo 150 bis) convierte en delito el ingreso sin permiso a un campo cercado o señalizado, con penas de prisión de uno a doce meses. Si la intrusión afecta la actividad productiva, la pena sube a dos años. La presencia de alambrados, cerramientos o señales alcanza para considerar prohibido el ingreso.
El segundo (artículo 184 bis) crea una figura específica para el daño a la producción y la infraestructura agropecuaria, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño. Esto incluye daños a cultivos, granos almacenados, hacienda, forrajes, productos en transporte e infraestructura como silos, alambrados, tranqueras, sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares y reservas hídricas.
El sector agropecuario venía reclamando una actualización de la normativa, ya que hasta ahora muchos de estos delitos se consideraban contravenciones o tenían penas bajas en relación al daño económico que provocan. Según la Fundación Barbechando, el proyecto recibió apoyo de legisladores del PRO, La Libertad Avanza, parte de Unión por la Patria y bloques provinciales.
Desde Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) valoraron la media sanción y remarcaron la necesidad de contar con herramientas legales efectivas para proteger la propiedad y el trabajo rural.
El proyecto ahora pasa al Senado, donde se espera un tratamiento rápido. El sector productivo considera que la aprobación definitiva sería un avance para resguardar inversiones y garantizar condiciones de trabajo en el campo.
