La Legislatura bonaerense aprobó una ley que permite a los 135 municipios usar fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural para obras de drenaje pluvial, dragado e infraestructura hídrica durante 180 días. El proyecto fue impulsado por el senador Sergio Vargas.
Entidades del campo como Carbap, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y Coninagro rechazaron la medida. Advierten que los caminos rurales están en condiciones desastrosas y que estos fondos deben destinarse a su mantenimiento, no a otros fines.
Carbap señaló que "resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos". También reclamaron que los municipios ya recaudan por tasa vial y que los fondos existentes deben usarse correctamente.
La Sociedad Rural Argentina remarcó que desviar partidas del Inmobiliario Rural al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales "significa institucionalizar un desfinanciamiento en el momento de mayor vulnerabilidad productiva".
Federación Agraria Argentina también rechazó la medida y sostuvo que los caminos rurales "requieren más recursos para su recuperación y conservación". Criticaron que la decisión no fue consultada con entidades agropecuarias ni debatida en comisiones.
Coninagro propuso que las obras financiadas se limiten al ámbito rural y estén vinculadas a la red vial, con reposición de fondos y rendición pública de cuentas. Además, pidieron participación de productores y cooperativas en la definición de las obras.
En paralelo, los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos reclamaron en Paraná un plan de infraestructura que reinvierta las divisas de energía y minería en rutas, puertos y energía barata para el sector agroproductivo. Maximiliano Pullaro (Santa Fe) proyectó que en cuatro años el sector energético generará la misma cantidad de divisas que el agro, y que en seis años la minería igualará ese aporte.
Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) coincidieron en la necesidad de una agenda productiva basada en infraestructura y en la defensa de la industria, con foco en la competitividad agroindustrial y la integración regional.
