El debate por la actualización de la ley de semillas volvió a ocupar un lugar central en la agenda del agro argentino en 2026. Productores, industria y representantes del Estado participaron de un panel en AGROMGMT para discutir la necesidad de un nuevo marco normativo que promueva la innovación y brinde previsibilidad al sector.
Lucas Amadeo, gerente de Relaciones Institucionales de GDM, advirtió que solo dos de cada diez hectáreas de soja en Argentina se siembran con semilla fiscalizada. En contraste, Brasil cuenta con 15 programas de mejoramiento para soja, mientras que en Argentina solo hay dos, lo que limita el acceso a genética avanzada y afecta los rindes.
Amadeo señaló que en Brasil los rindes superan en 250 a 300 kg/ha a los de Argentina gracias a una mejor oferta tecnológica y a un mayor reconocimiento de la propiedad intelectual: el 80% de la soja sembrada en Brasil tiene reconocimiento, contra apenas el 20% en Argentina.
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el estancamiento en la actualización de la ley de semillas le cuesta al país unos U$S 3.000 millones. Amadeo remarcó que la aprobación de una nueva ley sería clave para atraer inversiones en el desarrollo de variedades, sin depender del calendario electoral.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, pidió reglas claras y perdurables que acompañen el desarrollo productivo. El presidente del INASE, Martín Famulari, también participó del panel, donde se coincidió en la necesidad de definir excepciones y equilibrar los intereses de productores y obtentores.
Amadeo advirtió sobre el impacto de las retenciones en la rentabilidad del sector, pero insistió en que la actualización normativa es prioritaria para el crecimiento de la oferta genética y la competitividad.
