Legisladores nacionales y representantes de distintas cadenas productivas debatieron en la sede de la Fundación Barbechando, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posibles reformas a la ley de cabotaje. El objetivo es reducir los costos logísticos del agro y aprovechar el potencial de los ríos y puertos argentinos para el transporte de cargas.
Actualmente, cerca del 80% del transporte de granos se realiza en camión, mientras que el uso de vías fluviales y marítimas es mucho menor. Según Barbechando, una barcaza promedio puede transportar 1.500 toneladas, el equivalente a 60 camiones de 25 toneladas, y un convoy de 30 barcazas moviliza unas 45.000 toneladas, igual a 1.800 camiones.
El debate se centra en modificar la ley para permitir la operación de buques extranjeros en aguas nacionales, algo resistido por los armadores locales. El proyecto presentado por senadores de distintos bloques propone nuevas condiciones para la operación de buques, estándares internacionales en lo laboral, de seguridad y ambientales, e incentivos fiscales como una alícuota del 25% en Ganancias y amortización acelerada para inversiones de armadores nacionales.
Entre los expositores del sector productivo estuvieron Lucas Palma (CAIR), Miguel Sabadini (CAFI), Germán Campi y Alejandro Rapela (ACA y Coninagro), Armando Allinghi (CIAFA) y Diego Azqueta (AFOA). Coincidieron en que una nueva ley de cabotaje es clave para bajar costos y mejorar la competitividad, especialmente en las economías regionales.
Barbechando remarcó que el desafío legislativo es ampliar la oferta de transporte, promover inversiones y generar competencia, sin descuidar el desarrollo de la marina mercante nacional y el empleo. La discusión involucra a productores, industrias, exportadores y puertos, y busca transformar las ventajas naturales del país en infraestructura logística eficiente.
Participaron senadores y diputados de distintos partidos y provincias, junto a sus equipos, en una jornada que puso el foco en la necesidad de una política de transporte de largo plazo para integrar regiones y reducir los costos que afectan la competitividad del agro.
