Un grupo de senadores de distintas provincias presentó un proyecto de ley para modificar el régimen de cabotaje en Argentina. El objetivo es facilitar el transporte fluvial y marítimo de cargas, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de la agroindustria.
La Fundación Barbechando reunió a legisladores y representantes de cámaras del sector para avanzar en el consenso sobre la necesidad de una nueva ley. Participaron referentes de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, ACA (CONINAGRO), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos y la Asociación Forestal Argentina.
Entre los puntos destacados, se remarcó que la falta de desarrollo logístico impacta en el valor de la tierra y en los costos de traslado de insumos como fertilizantes. También se planteó que permitir el uso de buques de bandera extranjera podría reducir tiempos y costos mientras se desarrolla la marina mercante nacional.
El proyecto propone una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias para empresas que realicen cabotaje, sin importar la bandera de los buques, y un régimen de amortización acelerada para inversiones de armadores nacionales. Además, introduce cambios en el régimen de permanencia de contenedores extranjeros y busca alinear los estándares laborales, de seguridad y ambientales con los internacionales.
Actualmente, cerca del 80% del transporte de granos se hace en camión, mientras que el transporte por agua tiene una participación mucho menor. Una barcaza puede mover unas 1.500 toneladas, equivalente a 60 camiones, y un convoy de 30 barcazas llega a 45.000 toneladas, lo que representa 1.800 camiones.
El debate sobre la ley de cabotaje involucra a productores, industrias, exportadores y puertos, y apunta a diversificar la matriz de transporte, reducir costos y mejorar la conexión entre regiones productivas y los principales centros de consumo y exportación.
El desafío para el Congreso es definir un marco regulatorio que amplíe la oferta de transporte, promueva inversiones y genere condiciones de competencia, contemplando el desarrollo de la marina mercante nacional y los estándares de seguridad.
