Dos productores rurales de Carlos Casares presentaron una acción de amparo para que la Provincia de Buenos Aires informe en detalle el destino de los $2,3 billones anunciados en agosto por el gobernador Axel Kicillof para el Plan de Gestión del Riesgo Climático. El reclamo apunta a conocer cómo se asignarán y ejecutarán los fondos en obras hidráulicas, viales y preventivas en la Cuenca del Río Salado, especialmente en la Subregión A3 y el partido de Carlos Casares.
La presentación judicial, realizada el 22 de octubre, exige que la Provincia y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos entreguen información completa y documentada sobre la planificación, presupuesto, contratación de empresas, ejecución de obras y mecanismos de control del plan climático. El pedido original de acceso a la información pública había sido presentado el 22 de julio y, tras no recibir respuesta, el 4 de septiembre se configuró la denegatoria tácita que habilitó la vía judicial.
Entre los puntos que reclaman los productores figuran: respaldo administrativo formal del plan, acto de aprobación, expediente, estudios técnicos, cronograma financiero, origen y estado de los recursos, partidas presupuestarias asignadas, modificaciones, montos comprometidos y pagados, saldo disponible, existencia de créditos o préstamos, normas que respalden reasignaciones y detalle de empresas contratistas y procedimientos de adjudicación.
También solicitan información sobre obras proyectadas, licitadas, adjudicadas, iniciadas, paralizadas o finalizadas en la Cuenca del Río Salado, con foco en Carlos Casares: ubicación, responsables, avances físicos y financieros, plazos y datos sobre caminos rurales, alcantarillas, canales y drenajes. Piden además conocer qué información climática e hidrológica se usó para diseñar el plan y qué medidas se tomaron ante anegamientos y problemas en la red vial rural durante 2025 y 2026.
El Ministerio de Infraestructura bonaerense respondió que "vamos a contestar el pedido de informes a la brevedad". El reclamo de los productores se apoya en antecedentes judiciales sobre acceso a información pública, como el caso Calema contra la Municipalidad de Carlos Casares, donde la Justicia ordenó completar datos sobre obras de alcantarillado en la ruta de tierra N° 50.
