La fábrica de tractores Pauny atraviesa una crisis financiera que se profundizó en la última semana. Según datos del Banco Central, la empresa acumula 168 cheques rechazados por un total de $1.237,9 millones, cifra que aumentó desde los 143 cheques y poco más de $1.000 millones registrados el miércoles pasado.
En este contexto, Pauny mantiene una deuda salarial con sus 450 empleados, quienes llevan tres quincenas sin cobrar: la segunda de septiembre y las dos de octubre. El monto adeudado supera los $1.000 millones, considerando un promedio de $700.000 por quincena por trabajador, según fuentes gremiales. Además, la empresa adeuda cargas sociales y contribuciones patronales.
La situación laboral se agravó cuando la firma suspendió la actividad y pidió a los empleados que no se presentaran a trabajar, medida rechazada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que exigió la presencia del personal. El acuerdo vigente, avalado por la UOM, establecía suspensiones y el pago del 75% del salario, pero el gremio ahora reclama el pago total y la reincorporación plena.
El lunes hubo protestas frente a la Municipalidad de Las Varillas, donde funciona la delegación local de la Secretaría de Trabajo de Córdoba. Los trabajadores reclaman respuestas de la empresa, que no presentó un plan de pago ni de continuidad. "Son tres quincenas sin cobrar, es insostenible; tenemos gente que no está pudiendo darle de comer a sus hijos o están siendo desalojados", señaló una fuente sindical.
La UOM pidió dar de baja el acuerdo de crisis y que todos los empleados se presenten a trabajar, exigiendo el pago del 100% de los salarios. El próximo jueves está prevista una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo, donde se espera alguna novedad sobre la continuidad de la empresa.
La única alternativa concreta de salvataje sería el ingreso de un inversor externo con capital suficiente para revertir el pasivo salarial. El gobierno provincial sigue de cerca las negociaciones y evalúa la posibilidad de un adelanto a modo de subsidio o préstamo blando. Entre los funcionarios que buscan una salida está Manuel Calvo, jefe de Gabinete del gobernador Martín Llaryora.
