El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) advirtió que el proyecto para incorporar la figura de “ecocidio” al Código Penal podría generar inseguridad jurídica y frenar inversiones en el sector agroindustrial. El dictamen, impulsado en el Senado, es cuestionado por su posible impacto sobre actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras e industriales.
El CAA señaló que la definición del delito es demasiado amplia, ya que cualquier infracción a normativas ambientales, incluso una ordenanza municipal, podría derivar en una causa penal federal con penas de 3 a 10 años de prisión. Además, el sector productivo cuestiona el uso de conceptos como “daño especialmente grave” o “deterioros severos” sin parámetros técnicos claros, lo que dejaría en manos de los jueces la interpretación de la ley.
Según el CAA, el proyecto no diferencia entre impacto ambiental y daño ambiental, lo que podría criminalizar actividades actualmente legales y reguladas. También preocupa que la figura de “daño ambiental irreversible” se configure aunque se realicen tareas de remediación, y que las penas para personas jurídicas incluyan multas de hasta el 20% del capital social, suspensión de actividades y pérdida de beneficios estatales.
El CAA también alertó sobre la creación del “ecocidio culposo”, que permitiría sancionar penalmente accidentes o errores técnicos en la producción. El sector teme que esto incremente el riesgo jurídico y desaliente inversiones. Además, advierte que la incorporación del ecocidio podría ser utilizada por organizaciones ambientalistas para judicializar actividades productivas reguladas.
El Consejo Agroindustrial pidió al Senado que no avance con el dictamen y se mostró dispuesto a aportar estudios técnicos sobre los posibles efectos constitucionales y productivos del proyecto.
