Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría al proyecto que busca incorporar al Código Penal figuras específicas para el vandalismo rural. La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain (PRO), sumó 41 firmas sobre 66 legisladores presentes.
El proyecto propone penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales, terrenos o dependencias, presumiendo la voluntad de exclusión cuando el predio tenga cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales de prohibición. Se contemplan excepciones en casos de necesidad justificada, auxilio o cuando no se distinga el límite con la vía pública.
También incorpora penas de dos a ocho años de prisión y multas según el valor del perjuicio para quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes que afecten el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario. Esto incluye cultivos, cereales, silobolsas, ganado e instalaciones.
El texto también prevé cambios sobre estragos, daños agravados y protección de infraestructura crítica, además de sanciones para la instigación pública a cometer delitos mediante medios masivos o redes sociales.
La propuesta recibió el respaldo de entidades como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Coninagro y CARBAP durante el debate en comisión.
El diputado Francisco Morchio (LLA) defendió el proyecto y señaló que "con la excusa de estar cazando jabalíes y ciervo axis, se meten en la propiedad privada, roban cosas, asaltan y hieren a quienes viven, sean productores o sean empleados de productores".
Desde la oposición, Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria) cuestionó la técnica legislativa y advirtió sobre una posible duplicación normativa. Myriam Bregman (Frente de Izquierda) vinculó el debate con la legislación de tierras y criticó el alcance de la iniciativa.
Con el dictamen de mayoría, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto para definir si se incorporan estas figuras al Código Penal.
