La cumbre ambiental COP31 en Antalya, Turquía, puso en agenda la ampliación del uso de biocombustibles a nivel global. Brasil llevó su hoja de ruta y propuso cuadruplicar el uso mundial de combustibles sostenibles para 2035. Desde agosto de 2025, la nafta común en Brasil tendrá un 30% de etanol.
En Argentina, la ley de biocombustibles sigue trabada en Diputados. El proyecto, con media sanción del Senado desde septiembre, busca subir el corte obligatorio de etanol en nafta del 12% al 15% al año de sancionada la ley. Esto implicaría un 25% más de demanda obligatoria de etanol sobre el mismo volumen de nafta vendida.
El debate también incluye al biodiésel. Las pymes que procesan aceite piden garantías para seguir abasteciendo el mercado interno, mientras que las aceiteras integradas reclaman poder competir en ese segmento. La falta de definición frena inversiones y posterga mejoras ambientales y de salud.
Para el maíz, una planta de etanol cerca del campo significa menos flete y la posibilidad de industrializar grano localmente. Además, la burlanda que se produce sirve como alimento para tambos y feedlots. En el caso de la caña de azúcar, ampliar la demanda de alcohol combustible le da a los ingenios del NOA otra salida para la zafra.
Hay proyectos de ampliación en marcha. Bio4 aprobó un plan de US$70 millones para su planta de Río Cuarto. El Consejo Agroindustrial Argentino estima una oportunidad de inversión de US$1.000 millones si se aprueba el nuevo régimen. Para avanzar, el sector pide reglas claras y un cronograma de mezclas previsible.
Cada litro extra de etanol en la mezcla reduce el uso de nafta fósil y puede ayudar a sustituir importaciones. El beneficio climático depende de todo el ciclo, desde el cultivo hasta el surtidor. Mientras el Congreso no defina el marco legal, el crecimiento de la agroindustria y la reducción de emisiones quedan en pausa.







